‘Aumento desproporcionado’ en el patrimonio de 7 jueces



Los resultados de la evaluación sobre el patrimonio de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia también son parte del informe que el Comité Evaluador entregó al Consejo de la Judicatura a inicios de octubre pasado.

Uno de los hallazgos fue el incremento ‘desproporcionado’ del patrimonio de siete jueces nacionales, en cuatro años. Los evaluadores indicaron que uno de esos magistrados ingresó al alto Tribunal con un patrimonio de USD 300 000, y actualmente este asciende a alrededor de USD 1,2 millones.

Esta información fue obtenida luego de que los evaluados autorizaron la revisión de sus declaraciones patrimoniales. Otro juez nacional ingresó a la Corte en el 2015 con un patrimonio de USD 180 000 que actualmente es de USD 900 000.

En el informe elaborado por el Comité se menciona que estos incrementos ‘llaman la atención’ y se recomienda a la Judicatura pedir explicaciones a los jueces señalados e investigar sus actuaciones.

“Establecimos las observaciones y enviamos al Consejo de la Judicatura para que tome las acciones disciplinarias o legales pertinentes. No decimos que sean culpables, solo pedimos que investiguen si hubo un incremento injustificado”, dijo Juan Carlos Mejía, miembro del Comité Evaluador.

Otro de sus integrantes coincide en que es necesario indagar estos aumentos patrimoniales, porque anualmente los siete magistrados recibirían USD 400 000 adicionales.

“Puede que tengan actividades particulares lucrativas, pero tampoco constan en las declaraciones que realizan los funcionarios anualmente. Únicamente se refleja el sueldo que reciben en la Corte y, en algunos casos, el sueldo que tienen como docentes”. Este Diario conoció que estos siete magistrados forman parte de la lista de los 24 que durante la valoración no alcanzaron el puntaje mínimo para permanecer en sus cargos.

El jueves se conocerá la lista definitiva de los magistrados que serán removidos. Además, entre los jueces que reprobaron la valoración hay dos que no transparentaron sus datos, pues no autorizaron levantar el sigilo bancario ni revisar sus patrimonios. Tampoco presentaron una certificación notarizada en la que diga que no tienen bienes ni dinero en paraísos fiscales. El vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo que esta semana se reunirá el Pleno para analizar estos datos descubiertos.

El funcionario señaló que está previsto realizar una indagación interna para descubrir si cometieron faltas disciplinarias. “De ser el caso, remitiremos esos hallazgos a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía, para que abran las investigaciones”. El pasado 25 de marzo, la Mesa por la Verdad y Justicia, que investigó la persecución durante el correísmo, presentó su informe de 249 páginas. Allí se mencionan presuntos pagos de coimas a jueces a cambio de que no ser acusados.

“En el caso del 30-S hay una denuncia de que se establecieron tarifas que llegaban a los USD 70 000”, para resolver un caso de casación en la Corte Nacional de Justicia. En otro caso, relacionado al 30-S, ocurrió un hecho similar. Jueces del alto Tribunal habrían pedido a los procesados USD 60 000 para no condenarlos.

En ese caso eran indagadas 52 personas. Según la Mesa, una de ellas decidió no entregar el dinero y fue sentenciada a tres meses de cárcel. El cónyuge de uno de los magistrados se encargaba de cobrar el dinero, dice la investigación.

La Mesa también detectó que cuando se trataba de un Tribunal, el efectivo lo recibía un abogado de confianza. Según uno de los evaluadores, estos casos de cobros ilegales se detallaron en el documento entregado a la Judicatura. Incluso, en diciembre del 2018 la Mesa por la Verdad pidió a esta entidad que investigara a 14 magistrados nacionales.

Una semana después del inicio del proceso de evaluación, el Pleno de la Corte Nacional se pronunció sobre el parámetro de transparencia. “Los administradores de justicia tienen la obligación de transparentar su patrimonio, las cuentas y, además, sus acciones”.

Fuente: El Comercio
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